REFORMA TRIBUTARIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO
Inconvenientes, aumentos y desinformación
La reforma tributaria hace referencia a los diferentes cambios que pueden o podrían integrarse a la estructura tributaria actual que maneja el país, con el fin de aumentar o disminuir los ingresos que recibe el estado por medio de los impuestos que se le atribuyen a cada persona, ya sea natural o jurídica. Todos estos cobros son efectuados por diferentes servicios, compras o propiedades; teniendo así el estado una base económica para desarrollar diferentes proyectos de infraestructura, inversión social y el pago de gastos administrativos.
El sector inmobiliario se ve actualmente alterado y preocupado por la nueva propuesta de reforma tributaria urgente que el estado ha planteado, donde el IVA que hoy se encuentra en un 16% ascendería a un 19% a partir del 1 de enero del 2017; lo cual afectaría fuertemente a las entidades de bienes raíz que se dedican a la gestión de venta, compra y arrendamientos de diferentes propiedades, recibiendo en parte una comisión por todo el proceso y gestión que conlleva la promoción de dichos inmuebles (intermediarios).
La reforma tributaria afectará igualmente a los servicios de arrendamiento, en especial a los comerciales, ya que estos incrementarían de un 10% a un 16% de IVA, lo que terminara por afectar la rentabilidad del inmueble, haciendo que esta sea menor; se debe tener en cuenta que la compra de vivienda comercial es fomentada en gran parte por la intensión de inversión, y al disminuir la rentabilidad del sector comercial podría ocasionar que las personas interesadas en invertir busquen nuevas alternativas.
Dentro de la reforma también se espera un gravamen a la primera vivienda nueva que supere los 800 millones de pesos, el cual se supone tendrá un valor de 5% de IVA.
La vivienda VIS también recibirá el gravamen del IVA, en esta materia la presidente de Camacol, Sandra Forero Ramirez, afirmó que “eliminar este beneficio haría nula la posibilidad de ofertar nuevos proyectos de vivienda social y afectaría profundamente la ejecución de los programas de política pública, caso en el cual 230 mil subsidios estarían en riesgo de perderse. Esto corresponde al 77% de los recursos que ha dispuesto el Gobierno para fortalecer la política integral de vivienda.”[1]
Eliminar está exención sin tener en cuenta el carácter meritorio de la vivienda como bien social, sería un retroceso para el país en materia social y económica, una contradicción con la política de vivienda y los avances de los últimos años.
Que se apruebe dicha reforma tributaria para el próximo año no solo disminuiría el flujo económico y de actividades dentro del sector inmobiliario, todas estas consecuencias de forma involuntaria sumarían de forma negativa para los empleados y empleadores, ya que si los desarrollos disminuyen, los ingresos por consiguiente serían menores y no existiría un plante financiero que permita cubrir la carga prestacional.
